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miércoles, 9 de agosto de 2017

Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.322. Remoción de la ciudadana Luisa Ortega Díaz


A continuación se presenta el contenido de la Gaceta Oficial N° 6.322 Extraordinaria del sábado 05 de Agosto de 2017 en la cual la Asamblea Nacional Constituyente decreta la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz como Fiscal General de la República. y la designación Provisional del cargo de Fiscal General de la República Tarek Wiilians Saab.

Gaceta Oficial VE




Descarga de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.322 en pdf


AÑO CXLIV - MES VIII // Caracas, sábado 05 de agosto de 2017 // Número 6.322


SUMARIO

Asamblea Nacional Constituyente
  • Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz como Fiscal General de la República.
  • Decreto Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal General de la República Tarek Wiilians Saab.

  • Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público.

  • Resolución mediante la cual se rechaza enfáticamente la írrita e ilegal declaración de los cancilleres de Argentina, canciller de facto de Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR.
Tribunal Supremo de Justicia
Sala Plena
  • Sentencia mediante la cual se declara con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de Diputado de la Asamblea Nacional, contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, para su Enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que comprometen su responsabilidad ético-moral. Y se decreta la suspensión al cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública.

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